Una persona que se encuentra cumpliendo una pena privativa de la libertad puede ser sometida a un procedimiento disciplinario cuando el Servicio Penitenciario considera que habría cometido una infracción.

Sin embargo, la existencia de una condena no significa que pueda imponerse una sanción disciplinaria sin un procedimiento previo, sin prueba suficiente o sin garantizar el derecho de defensa.

Un caso reciente en el que intervenimos como defensa permite explicar la importancia práctica de estas garantías. Sus circunstancias se presentan de manera anonimizada y sin datos que permitan identificar a la persona asistida.

El caso

Durante el cumplimiento de su pena, la persona asistida se encontraba incorporada a un régimen progresivo y gozaba de salidas transitorias.

A partir de un informe elaborado dentro del ámbito penitenciario se le atribuyeron determinados incumplimientos y se inició un sumario administrativo disciplinario.

Finalmente se le impuso una sanción consistente en el descenso de dos grados de conducta, con consecuencias posteriores sobre su calificación penitenciaria.

La defensa cuestionó tanto los hechos atribuidos como la prueba utilizada para considerarlos acreditados.

¿Alcanza un informe para imponer una sanción?

Este fue uno de los principales puntos planteados por la defensa.

La normativa que regula el procedimiento disciplinario exige que la infracción sea previamente comprobada.

Asimismo, el Protocolo de Sumarios Administrativos a Internos, aprobado por Resolución N.º 311/2025, establece que durante el procedimiento deben recabarse las pruebas necesarias para esclarecer el hecho y contempla la utilización de registros de video y otras evidencias materiales.

En el caso analizado, la defensa cuestionó que parte sustancial de la imputación surgiera de manifestaciones atribuidas a una tercera persona incorporadas a través de un informe.

Sin embargo, durante el sumario no se recibió declaración testimonial directa de esa persona ni de la profesional que había receptado originalmente sus manifestaciones.

A ello se agregó que la propia persona sometida al procedimiento negó expresamente uno de los hechos centrales que se le atribuían, mientras que la defensa también aportó elementos probatorios destinados a controvertir la imputación.

¿Qué orden concretamente se incumplió?

La sanción fue encuadrada en el artículo 34 inciso h) de la Ley Provincial N.º 14.243, que contempla como falta grave:

Frente a ello, la defensa planteó que no basta con afirmar genéricamente que una persona incumplió las condiciones de su régimen.

Si se pretende sancionar a alguien por no haber acatado una orden, resulta necesario determinar qué orden fue impartida, quién la impartió, cuándo fue comunicada, cuál era concretamente su contenido y qué prueba demuestra que fue incumplida.

No resulta suficiente inferir posteriormente una prohibición y, sobre esa inferencia, considerar configurada una falta grave consistente precisamente en no acatar una orden legalmente impartida.

Esto adquiere todavía mayor relevancia cuando esa supuesta desobediencia constituye la base de la imputación, del sumario administrativo y de la sanción finalmente aplicada.

¿Por qué es importante defenderse de una sanción penitenciaria?

Porque sus consecuencias pueden ir mucho más allá de la sanción disciplinaria propiamente dicha.

Una sanción puede repercutir sobre la conducta y el concepto de la persona condenada y proyectar consecuencias sobre su avance dentro del régimen progresivo y sobre institutos vinculados con la ejecución de la pena.

Por ese motivo, resulta importante analizar desde el inicio del procedimiento qué hecho se imputa, qué norma supuestamente se incumplió, qué pruebas existen, qué pruebas faltan producir y si se respetó efectivamente el derecho de defensa.

Conclusión

Estar cumpliendo una condena no significa perder el derecho al debido proceso y a ejercer una defensa frente a una sanción disciplinaria.

La Administración debe acreditar la infracción mediante el procedimiento correspondiente y sobre la base de elementos que permitan determinar concretamente qué ocurrió.

Cuando se imputa el incumplimiento de una orden, además, debe poder establecerse cuál fue esa orden y de qué manera fue incumplida.

La defensa durante la etapa de ejecución de la pena no se limita a las libertades o salidas transitorias: también comprende el control de las decisiones administrativas penitenciarias que pueden afectar la situación de la persona condenada.

Nota: Este artículo tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento jurídico para un caso particular. Los hechos fueron anonimizados para preservar la confidencialidad.